No es novedad que diferentes movimientos sociales tienen asignado el “gerenciamiento” de planes sociales. El sistema, en principio, delegaba en los municipios la selección de los beneficiarios y el contralor de las prestaciones, como sería el caso del “Polo Productivo de Concordia”. Pero, según la denuncia publicada este domingo por el diario El Sol, el sistema en cuestión se fue desvirtuando cuando “oportunistas” de las organizaciones sociales comenzaron a utilizar a los beneficiarios para su beneficio propio y fines eminentemente electorales y clientelares.
Los “audios” y capturas de pantalla difundidos por el matutino apuntan específicamente al “Frente Social Patria Nueva”, dando a entender la ejecución de maniobras para cobrarle a los destinatarios de la ayuda social una “cuota parte” del dinero que el Estado nacional les deposita mensualmente a través del plan “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Victoria Tolosa Paz.
El Frente Social Patria Nueva es una organización social del Frente Grande, manejada en Concordia por Ramón “Pelusa” Pérez, un referente de una facción de este partido político y que reporta directamente al diputado provincial Néstor Loggio.
En los diferentes archivos de WhatsApp de un grupo de afinidad a este frente aparecería Pérez, funcionario municipal, no solo exigiendo a viva voz una cuota mensual sino también amenazando a la persona beneficiaria del plan con quitarle el beneficio en caso de no cumplir con las exigencias.
Los mensajes de WhatsApp permiten escuchar al mismo Ramón Pérez reconociendo que fue a buscar a su domicilio particular a esta persona para otorgarle un plan “Potenciar trabajo”, y diciéndole: al beneficio “te lo dimos nosotros, el Frente Social Patria Nueva”. Luego, le advierte: “yo te voy a pedir la baja”.
Entre el material publicado también se muestran presuntas exigencias por parte de Pérez a los beneficiarios de los planes sociales manejados por el “Frente Social Patria Nueva” para que efectúen el “aporte mensual”.
De las conversaciones de WhatsApp, registradas en capturas de pantallas, surgen que dichas exacciones debían sean transferidas a la cuenta personal de Pérez (CBU 38601372010000356XXXX BERSA, CUIT 201351XXXXX).
Pérez reporta políticamente al diputado Néstor Loggio del Frente Grande y, a su vez, milita para la campaña del diputado provincial Ángel Giano.
Mientras no exista actuación judicial que derive en condena firme, vale para Pérez como para cualquier otro ciudadano el principio de presunción de inocencia. Fiscalía, sea porque reciba denuncia o porque decida intervenir de oficio, debería investigar la presunta corrupción en el manejo, distribución y destino del dinero de los contribuyentes, presuntas maniobras defraudatorias a la administración pública a través de la adjudicación y cobro indebido de aportes de planes sociales del programa “Potenciar trabajo”.
Fuente: Diario El Sol
