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marzo 18, 2025 11:48 pm.

Durante el 2022 Entre Ríos ocupó el puesto Nº15 en cantidad de abortos realizados

Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder - advierten - a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.
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A nivel nacional, la provincia ocupa el puesto Nº 15 en cuanto a la cantidad de interrupciones realizadas y se traduce a 2444 personas que accedieron a este derecho. A dos años y medio de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil.En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022.

Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder – advierten – a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.

A continuación, las cifras de Entre Ríos:

En la provincia 6,96% de cada mil mujeres llevaron a cabo un proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia durante 2022, esto se traduce a 2444 personas gestantes y posiciona a la provincia en el puesto nº 15 de Argentina.De estas, solo el 0,11% recurrió a un establecimiento de salud.

Con respecto a los servicios de salud que llevan a cabo los protocolos de ILE e IVE son 37 en Entre Ríos.A su vez, 1861 personas abortaron con el medicamento misoprostol, que fue distribuido por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr), según supo esta Agencia.

• “Demandas y antiderechos”

Por más que las leyes amparen a quienes elijan interrumpir un embarazo, en algunos casos, algunos grupos ultraconservadores llegaron a demandar a profesionales de la salud que garantizan este derecho para obstaculizarlo.A pesar de ello, durante el 2022 el número demandas de grupos conservadores contra leyes, programas u otras normas fue cero, no se registraron nuevos reclamos.

 

APF

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