Equiparación salarial y Decreto 805/89
Otra de las demandas centrales de Apropoler es que se respete el Decreto N° 805 del 3 de marzo de 1989, firmado durante la gobernación de Jorge Busti. Este decreto establece que las remuneraciones del personal de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario Provincial debían ser equiparadas con las de la Policía Federal Argentina, tomando como base los salarios con el adicional por antigüedad vigente al 31 de enero de 1989. Según los manifestantes, este decreto nunca se ha cumplido, y piden que el Gobierno de Entre Ríos lo aplique efectivamente para mejorar los ingresos de los policías retirados y en actividad.
Reclamos de Apropoler
Ricardo Raffo, uno de los referentes de Apropoler, ha sido la cara visible de este movimiento. Raffo denuncia que las mejoras salariales que reciben los policías en actividad, muchas veces en sumas no remunerativas, no llegan a los retirados. Además, sostiene que el Gobierno no cumple con las obligaciones básicas de equipamiento: los efectivos carecen de chalecos antibalas y de equipos de comunicación adecuados, lo que pone en riesgo su seguridad en el día a día. Raffo critica la falta de equidad en la distribución de los haberes y asegura que los policías retirados siguen siendo considerados como tales para las sanciones, pero no para recibir las mejoras salariales.
Contexto histórico y legal
El descontento no es nuevo. En 2020, Apropoler organizó manifestaciones pacíficas en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú exigiendo mejores salarios, condiciones laborales, y el reconocimiento formal de Apropoler como sindicato policial. En estas protestas participaron figuras clave como Ricardo Raffo y Alfredo Fabián Basin, quienes también solicitaron la renuncia del entonces jefe de Policía, Gustavo Maslein, y de la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
En este contexto, Alfredo Fabián Basin, policía retirado, fue cesanteado tras haber participado en dichas movilizaciones. Basin llevó su caso a la justicia buscando anular la resolución que lo dejó fuera de la fuerza, pero en septiembre de este año, la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó su demanda. El tribunal, compuesto por los jueces Marcelo Baridón, Adriana Acevedo y Hugo Gonzalez Elías, dictaminó que la participación de Basin en las manifestaciones y su rol en la protesta están protegidos por la libertad de expresión, tal como lo garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos y las Constituciones Nacional y Provincial.
Libertad de expresión y conflicto con la jerarquía policial
El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo reconoció que las declaraciones de Basin, referidas a la defensa de los derechos laborales de los policías, estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ya que contribuían al debate sobre cuestiones de interés público, como la seguridad ciudadana y las condiciones de empleo de los efectivos. Además, el tribunal destacó que, a pesar de que el Estado no reconoce oficialmente a Apropoler como un sindicato, las manifestaciones de Basin en defensa de los intereses laborales del sector policial son legítimas y se inscriben en el ámbito de la discusión sindical.
Sin embargo, la Cámara también subrayó que algunas expresiones de Basin —como el pedido de renuncia del jefe de Policía y la acusación de que el superior mentía— no son compatibles con los principios fundamentales de obediencia y jerarquía que rigen la institución policial. Según el tribunal, la estructura jerárquica y disciplinaria de la Policía es esencial para garantizar el orden público y la paz social, y las declaraciones de Basin, en las que desmerecía la autoridad de sus superiores, fueron consideradas incompatibles con su condición de subalterno dentro de la fuerza.
Conclusiones del fallo
El fallo rechazó la anulación del cese de Basin, pero dejó un mensaje importante sobre el derecho de los policías a organizarse y reclamar mejores condiciones de trabajo. Según los jueces, aunque la conducta de Basin fue incompatible con la estructura jerárquica de la Policía, sus expresiones en defensa de los derechos laborales de sus compañeros no deberían ser censuradas. El tribunal concluyó que el Estado debe garantizar que los policías tengan el derecho de discutir sus condiciones laborales, de peticionar a las autoridades y de expresarse pacíficamente, según las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En resumen, la movilización de Apropoler de este martes forma parte de una serie de esfuerzos por obtener reconocimiento y mejoras salariales para los policías activos y retirados de Entre Ríos, dentro de un contexto de tensiones entre las exigencias laborales de los efectivos y las restricciones que impone la jerarquía institucional.
Fuente: Entre Ríos Ahora
